Fecha: 3 de noviembre de 2026
Hora: 19:00 h.
Lugar: Sala María Zambrano del Círculo de Bellas Artes. C/ Alcalá 42, Madrid
Entrada libre hasta completar aforo
¿Puede el poder público controlar realmente los sistemas algorítmicos que utilizan empresas y administraciones? ¿Qué significa auditar un algoritmo? ¿Qué acceso al código, los datos y la documentación técnica necesitan los reguladores y la ciudadanía? ¿Cómo debe cambiar la contratación pública? ¿Cómo abordar la asimetría de conocimiento entre regulador y regulado?
Con Manuel G. Bedia, Universidad de Zaragoza; Javier Sánchez Monedero, Universidad de Córdoba; y Judith Membrives i Llorens, Universitat Oberta de Cataluña.
El encuentro forma parte de CTRL+ALT. La tecnología en disputa. Regulación, contrapoder y democracia.
En la última década los sistemas algorítmicos han experimentado una expansión enorme en ámbitos como la organización del trabajo, la provisión de servicios públicos, la información o el consumo que, sin embargo, no ha ido acompañada de un desarrollo equivalente de la capacidad de las instituciones democráticas para gobernar esos procesos y decidir sobre sus condiciones de implementación. A menudo la política tecnológica es percibida como un conjunto de decisiones técnicas reservadas a especialistas o como una dinámica inevitable a la que tan solo queda adaptarse.
Buena parte de la respuesta pública a estas tensiones se ha concentrado en la regulación. La aprobación de nuevas normas europeas sobre plataformas e inteligencia artificial ha supuesto un hito político importante pero plantea una cuestión adicional: regular exige capacidades materiales para hacerlo. Supervisar un sistema algorítmico requiere acceso a datos y código, procedimientos de auditoría y organismos capaces de enfrentarse a empresas que a menudo disponen de mayores recursos técnicos que las instituciones públicas encargadas de controlarlas.
La regulación no agota el problema. La tecnología transforma las relaciones sociales y redistribuye el poder. Muy especialmente, la automatización modifica la organización del trabajo, las cualificaciones, la autonomía profesional y el poder de negociación de trabajadores y empresas. Democratizar la tecnología exige, por tanto, crear estrategias de contrapoder colectivo capaces de intervenir en los procesos de decisión económica: capacidad para discutir y negociar qué tecnologías se introducen en los centros de trabajo, con qué objetivos y bajo qué condiciones.
Finalmente, gobernar democráticamente la tecnología implica preguntarnos quién tiene capacidad para producirla. El suministro de infraestructuras digitales básicas está casi enteramente en manos del sector privado, lo que ha reducido el margen de intervención tanto de las administraciones públicas como de la sociedad civil. Sin embargo, la historia tecnológica nos muestra otros caminos que nunca se han llegado a explorar con decisión y medios materiales suficientes para su desarrollo: software libre, redes comunitarias, cooperativas tecnológicas, plataformas públicas y comunitarias… Recuperar críticamente esa tradición permite llevar el debate más allá del problema de limitar el poder de las grandes empresas tecnológicas para preguntarnos qué instituciones necesitamos para construir alternativas tecnológicas democráticas y emancipadoras.
Estas jornadas, coordinadas por César Rendueles, parten de una idea sencilla. No basta con regular la tecnología digital. Su democratización exige combinar capacidad pública para comprenderla y controlarla, contrapoder colectivo para negociar su implantación y nuevas instituciones capaces de producir alternativas públicas y comunes. Las tres sesiones abordan sucesivamente esas tres dimensiones: regular, negociar y construir.